Víctimas del régimen del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega se niegan terminantemente a hacer "borrón y cuenta nueva" ahora que está preso en Panamá, y advirtieron que evitarán a toda costa que sea beneficiado con "casa por cárcel" por tener 77 años
Una docena de familiares de las víctimas se apostaron frente a El Renacer para gritarle al ex dictador "asesino" y exigir "justicia", en tanto que en otros puntos de la ciudad en algunas casas sonaron cacerolas como se hacía en los 80 contra el régimen.
Un día después de la llegada de Noriega extraditado desde París y de ser recluido en la cárcel de El Renacer, el debate se encendió entre antiguos opositores al régimen, víctimas, analistas y abogados en torno a los vericuetos legales que le permitirían gozar de arresto domiciliario.
Una ley establece ese beneficio para los mayores de 70 años, pero las familias de las víctimas exigen una interpretación de la norma de tal forma que se considere de "lesa humanidad" los crímenes por los que fue condenado y no pueda cumplir la pena en casa.
Noriega, gobernante de facto de 1983 a 1989, estuvo 20 años preso en Estados Unidos por narcotráfico y casi dos años en Francia por lavado de dinero, pero es ahora que enfrenta a la justicia de su país. "Tiene tres condenas pendientes y tres procesos pendientes", manifestó el procurador José Ayú, al referirse a otras causas por violación de derechos humanos.
Noriega fue condenado en ausencia por tres casos de desaparición y asesinato, el del médico Hugo Spadafora en 1985, que lo acusó de nexos con el narcotráfico, el del mayor Moisés Giroldi, y el de otros 11 militares que trataron de darle un golpe de Estado el 3 de octubre de 1989.
Una de las que estaba frente a la prisión es Maritza Giroldi, hermana de Moisés, quien llevó un letrero que rezaba: "¡Justicia. Cárcel para el asesino!". "No queremos indulto, queremos que lo traten como el delincuente que es, sin privilegios. Pero no confío en la justicia panameña. Esa época fue muy dura, nos persiguieron. No hemos olvidado y las nuevas generaciones deben saber lo que pasó", dijo Giroldi este lunes a la AFP.
Analistas, políticos, académicos y víctimas estiman que aunque Panamá es un país muy diferente al de hace dos décadas, con elecciones democráticas y boom económico, hay asignaturas pendientes con los principios de justicia. "Ha sido condenado en Estados Unidos y Francia, los dictadores o van a la cárcel o van al cementerio", dijo Aurelio Barría, quien fue perseguido por el régimen y es uno de los líderes del movimiento Cruzada Civilista que organizó las protestas en los 80.
Roberto Brenes, un empresario que estuvo detenido en la época y es también activo miembro de la Cruzada, consideró que Panamá "tiene 22 años de tener morosa la justicia".
"Noriega pagó una larga condena por sus crímenes de narcotráfico, se la pagó a la comunidad internacional, pero a este país no le ha pagado un minuto de cárcel por todo lo que hizo, si queremos justicia para Panamá tenemos que empezar por darle cárcel", subrayó.
La ministra de Gobierno, Roxana Méndez, aseguró este lunes que las autoridades tienen la responsabilidad de "mantener sano" en prisión al ex dictador, aquejado de varias enfermedades, pero dijo no haber visto en las cárceles panameñas "a un señor de edad tan avanzada"
"Basta ya. No es un pobre señor mayor. Noriega nos humilló, usó al país para el narcotráfico y para sus crímenes. Le estamos dando mal ejemplo a los jóvenes. Esto no es cuestión de perdonar, es de justicia", expresó Carlos Abadía, otro líder histórico de la oposición al régimen.
Un amplio sector permanece indiferente, pues la población, de 3,4 millones de habitantes, es mayoritariamente joven, que no recuerda o no había nacido en la época del régimen.
Una hermana de Spadafora, Alida, sentenció que "es difícil pasar la página sin que haya justicia, sin saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos, sin saber dónde está la cabeza de mi hermano".
Fuente: talcualdigital.com
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