Raquel Díaz Guijarro - 21/11/2011 - 07:00
Dicen los más veteranos de la construcción que este sector es muy sensible a los mensajes de los poderes públicos. Ninguno ha olvidado aquel "ya nada volverá a ser como antes" que pronunció el ministro de Fomento, José Blanco, en el Congreso en 2010 cuando presentó el mayor recorte de inversión pública de la democracia.
Y lo peor es que todos los partidos que han concurrido a las elecciones han seguido en sus programas la misma filosofía: seguir invirtiendo en infraestructuras sí, pero con moderación.
Los recortes presupuestarios que impone Bruselas y, también, algunos sonoros fracasos como los trenes de AVE que circulan semivacíos, las autopistas de peaje al borde de la quiebra o los aeropuertos donde no despegan ni aterrizan aviones, van a obligar a los nuevos gestores a replantearse el modelo seguido hasta ahora. De un sistema que estuvo basado en un AVE en cada pueblo, deberá pasarse a otro mucho más selectivo que valore si es necesaria o no la infraestructura que se proyecta. Y numerosos expertos, inversores y no pocos políticos tanto del PSOE como del PP, van más allá: lo ideal es avanzar en el pago por uso y que las infraestructuras sean cada vez más autofinanciables. Es decir, que sean capaces de generar ingresos con los que costear no solo su construcción, sino también su mantenimiento.
La última propuesta en este sentido la ha protagonizado el Foro PPP de Infraestructuras, una asociación multisectorial donde no solo están representadas las constructoras, sino también algunos grupos concesionales y numerosas entidades financieras. Este organismo propugna la creación de una Oficina Pública de Colaboración Público-Privada con el fin de lograr una mayor eficiencia y menor coste de los proyectos.
Modificar la legislación
Este órgano, de carácter público y que representaría a España a nivel europeo, estaría formado por todas las administraciones y sería el encargado de coordinar los proyectos, transmitir información y conocimiento para desarrollar unas mejores prácticas y unificar los criterios legales, contables y los instrumentos de apoyo público. Además, se convertiría en el interlocutor entre el sector público y el capital privado.
En teoría no parece complicado, aunque esta apuesta supone un giro de 180 grados en la política inversora que se ha llevado a cabo hasta ahora. La financiación presupuestaria parece, por tanto, que quedará definitivamente relegada a los proyectos claramente deficitarios, y todo lo demás, carreteras, ferrocarriles de mercancías, obras hidráulicas, y equipamientos sociales como hospitales, cárceles, colegios y vivienda social serán susceptibles de ser financiados por el capital privado porque, en teoría, serán capaces de resultar rentables a medio y largo plazo.
Nadie lo duda, ahora bien, ¿cómo lograrlo? En primer lugar, modificando la actual normativa que ha auspiciado pliegos demasiados farragosos y a la vez ambiguos en los concursos públicos, tanto que luego no se cumplen y provocan la parálisis de la obra (léase Plan Renove de las autovías de primera generación). Y, en segundo lugar, impidiendo las bajas temerarias de más del 40% que después generan sobrecostes disparatados (vuelva a leer Plan Renove o AVE a Barcelona) Estas dos actuaciones serían las más urgentes, pero la lista, por desgracia, es muy larga.
Fuente: cincodias.com
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