Paula Vilella
El Estado uruguayo propone tener el control de la producción y
la distribución del consumo interno de marihuana.
"Abrir el debate a la sociedad". Esa fue la intención del
gobierno de Uruguay al anunciar la posible legalización de la marihuana en el
país, un asunto que iba a comenzar a discutirse el 5 de julio en el terreno
legislativo y que ahora tiene divididas a la población, a la clase política y
hasta la coalición del gobierno.
Con el mismo argumento que Holanda utilizó en los años setenta para legalizar
la marihuana, el gobierno uruguayo cree que así logrará frenar el consumo de
pasta base de cocaína, más barata, más adictiva, y asociada a los índices de
delincuencia que a día de hoy suponen la mayor preocupación para la población
del país.
La propuesta es sólo una del paquete de quince medidas contra la inseguridad
que el gobierno anunció como "estrategia por la vida y la convivencia", pero ha
opacado al resto (ver recuadro).
Opiniones encontradas
El anuncio ha sacado a relucir diferentes visiones entre la población y
también el gobierno del Frente Amplio, una coalición de distintos partidos de
centro izquierda e izquierda.
Ni el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, ni la cúpula
policial que integra la Dirección del Combate al Tráfico Ilícito de Drogas
apoyaron el proyecto. Consideran que puede tener efectos contraproducentes y se
quejaron de que no fueron consultados ni informados previamente.
El diputado Aníbal Pereyra señaló que "la prohibición total del consumo de
drogas ha fracasado en el mundo y hay que tomar medidas más eficaces".
Fue él quien desveló a la prensa local que el tema de la marihuana iba a
dejarse más adelante para que no centrara el debate pero que la filtración a la
prensa el día anterior al anuncio precipitó los acontecimientos.
La asociación Madres de la Plaza, que trabaja el impacto de la pasta base en
la familia y en la sociedad, cuestiona que para legalizar una sustancia se
utilice a otra como excusa.
Una de quince
La propuesta es sólo una del paquete de quince medidas contra la inseguridad
que el gobierno anunció como "estrategia por la vida y la convivencia", pero
esta ha sido la que más atención ha recibido.
Algunas también son polémicas: el tráfico de pasta base se equipara al
homicidio, se plantea la reducción de la edad de imputabilidad a los 16 años, se
regulan los contenidos televisivos en los informativos dentro del horario de
protección del menor y se propone debatir con los medios sobre el tratamiento de
la información sobre seguridad y violencia.
Además, propone mejorar el sistema de alerta contra la violencia machista,
mejorar la eficiencia policial antidroga o la reparación a las víctimas de
delito a través de un fondo de indemnización, entre
otras.
"Sabemos que los efectos son distintos y el perfil del consumidor también",
declaró a BBC Mundo su secretario, Pablo Stratta.
Por su parte, A Juan Andrés Vaz, vocero de la Asociación de Estudios del
Cannabis en Uruguay, le parece que la firme intención del gobierno eleva el
debate a otro plano.
"Ya no se trata de legalizar o no sino de cómo hacerlo" .
Negocio millonario
Sin contar los traslados a otros países y servicios de lavado de dinero, el
negocio mueve en el país alrededor de 75 millones de dólares anuales, según
estimó el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, que fue quien
explicó la medida.
"El cannabis, además, tiene un gran aprovechamiento para materia prima, como
celulosa y fibra textil", añadió.
Según el modelo planteado, el Estado tendría el control de la producción y la
distribución del consumo interno. Los consumidores se inscribirían en un
registro a través del cual el Estado les vendería hasta un máximo de 40
cigarrillos mensuales. Éstos se gravarían con impuestos que se destinarían a
tratamientos de rehabilitación y se crearía también un centro de control de
calidad.
De esta manera, no se contemplaría la legalización del autocultivo, la
principal reivindicación de los consumidores.
El gobierno de José Mujica espera que la medida ayude a
contrarrestar el consumo de drogas más duras y adictivas.
Vaz comprende que la coyuntura regional hace que el monopolio estatal sea la
opción elegida, pero cree que el gobierno es abierto, así que su organización va
a participar del debate haciendo que se tome en cuenta esta modalidad.
"La marihuana de narcotráfico proviene de Paraguay, donde se produce en
condiciones de casi feudalismo y que es de mucha peor calidad. Sin embargo, en
los últimos años el autocultivo ha crecido exponencialmente", cuenta a BBC Mundo
el representante de esta asociación que presta asesoría legal en la materia.
Según un análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), Paraguay "es, según se informa, la principal fuente del cannabis
que se consume en el Cono Sur y en Brasil, y puede ser el mayor productor de
cannabis de hierba (como se conoce la marihuana) en el mundo".
Droga extendida
Los 18 años es la edad de inicio en el consumo de la cuarta droga más
extendida en el país.
El 20% de las personas de 15 a 65 años la ha probado alguna vez en su vida,
el 25,2% declara que la toma ‘algunas veces mensualmente’, el 21,1% ‘algunas
veces semanalmente’ y un 14,6% diariamente.
De cada 100 personas, siete tienen actualmente un uso problemático de la
marihuana.
Así queda recogido en la última encuesta elaborada en 2011 por el
Observatorio Uruguayo de Drogas, ente estatal que pertenece a la Junta Nacional
de Drogas.
El gobierno también ha hecho sus cálculos: con 150.000 consumidores de
marihuana, a un promedio de un gramo y medio por día habría que producir 81.000
kilos por año, para lo que se requerirían al menos 64 hectáreas además de otras
tantas para las semillas.
De esta manera, concluyeron que Uruguay cumple con las condiciones climáticas
para plantar marihuana y satisfacer la demanda de los consumidores.
Fuente: bbc.co.uk
No hay comentarios:
Publicar un comentario