William Márquez
BBC Mundo, Washington
La aplicación de la ley podría comprometer el voto de los católicos que apoyaron a Obama en 2008.
Una nueva medida que forma parte de la reforma de salud pública promovida por el gobierno del presidente Barack Obama generó una airada protesta de los obispos católicos en Estados Unidos que alegaron que viola los principios de esa iglesia.
La legislación federal obliga a todos los empleadores, incluyendo a las instituciones bajo administración de organizaciones religiosas a ofrecer cobertura de salud que incluye la distribución gratuita de anticonceptivos.
Mientras que la jerarquía católica rechaza rotundamente la medida, muchas mujeres católicas en EE.UU. practican métodos modernos de control de la natalidad y una reciente encuesta muestra que una leve mayoría en la comunidad católica apoya dicha ley.
Otros, por otra parte, aseguran que se trata de una descarada afrenta a la Constitución que garantiza la libertad de culto y que podría costarle caro a Obama en su campaña de reelección.
Un asesor del presidente ya salió a dar señales de una concesión, diciendo que el gobierno está dispuesto a trabajar con las instituciones católicas para implementar el reglamento sin comprometer las enseñanzas de la iglesia.
Católicos y la anticoncepción
Los obispos católicos ordenaron la lectura de una denuncia contra la ley durante la misa.
La ley, conocida como Affordable Care Act (Acta de cuidado de la salud asequible) requiere que los planes de seguro de salud para los empleados se incluyan los servicios preventivos sin costo adicional. Entre estos se incluye la planeación familiar y distribución de métodos anticonceptivos como condones y píldoras.
La norma exime a los lugares de culto mas no a sus instituciones afiliadas -universidades, hospitales y organismos caritativos- administradas por la iglesia católica.
Según la Asociación Católica de la Salud (CHA, por sus siglas en inglés), la secretaria de Servicios de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sibelius, se basó en el criterio más estrecho para definir quién quedaría eximido.
La presidenta y directora ejecutiva de la CHA, Carol Keehan, que abogó por la reforma de la salud de Obama, manifestó en un comunicado su desilusión y tildó el reglamento de un "desafío para muchos grupos". Aseguró que estaría trabajando directamente con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y otros organismos afines para resolver el asunto.
"Hay la necesidad para realizar una conversación nacional efectiva sobre una protección apropiada de consciencia en nuestro país pluralista, que siempre ha respetado el papel de las religiones".
Los obispos no se hicieron esperar y enviaron cartas a las diferentes parroquias, criticando la medida de Barack Obama, para que fueran leídas durante la misa a los feligreses.
Jon O'Brien presidente de Catholics forChoice, una organización que está en desacuerdo con los dictámenes del Vaticano en cuanto a sexualidad, matrimonio y maternidad, dijo a BBC Mundo que los obispos estaban armando un escándalo predicando a una mayoría que acepta el uso de anticonceptivos.
"Sabemos que en Estados Unidos el 98% de las mujeres católicas sexualmente activas han usado un anticonceptivo moderno durante sus vidas", afirmó.
O'Brien acusó a los obispos de querer lo mejor de dos mundos: "Quieren poder administrar sus instituciones y recibir el dinero del contribuyente mientras que discriminan contra sus propios empleados al negarles métodos para el control de la natalidad".
Primera enmienda
Pero hay quienes consideran que obligar a los empleadores de organizaciones religiosas a distribuir anticonceptivos es un asunto de magnitud legal que viola tanto las enseñanzas morales de la iglesia como la libertad religiosa de los que están cubiertos bajo su seguro de salud.
"Es un abuso abuso atroz de la primera enmienda de nuestra constitución", expresó Kristine Kalanges, profesora de Justicia, Ley y Sociedad de la Universidad Americana en Washington y especializada en los conflictos de leyes, religión y política.
Esa primera enmienda garantiza la libertad de culto para todos los ciudadanos y la doctora Kalanges considera que extender exención de la ley a las instituciones afiliadas a la iglesia católica protegería ese derecho al tiempo que no limitaría a las mujeres tener acceso a anticonceptivos por otra vía.
"Si las católicas quieren usar anticonceptivos, como sabemos que lo hacen, es un asunto de su propia consciencia y pueden pagar por estos sin obligar a que las instituciones lo cubran", explicó.
"El asunto no es lo que los católicos piensan, sino lo que es constitucionalmente permisible y si es buena política obligar a una institución religiosa a hacer algo a lo que moralmente se opone".
La académica advirtió que la ley presentaba un tremendo conflicto para la iglesia católica.
Opinión dividida
Todos los empleadores, salvo los lugares de culto, están obligados a distribuir anticonceptivos gratis.
Una reciente encuesta realizada por el Instituto Público de Investigación Religiosa (PRRI, por sus siglas en inglés), una organización independiente en Washington que estudia la relación de la religión, los valores y la política, muestra que una leve mayoría de los católicos en EE.UU. apoyan la ley del gobierno.
"Hay una división entre lo que opina la jerarquía de la iglesia y los feligreses rasos", manifestó Robert Jones, director ejecutivo del PRRI, aunque señala que esa diferencia no es inusual en círculos católicos.
"Hay una variedad de asuntos como los matrimonios homosexuales que son rechazados por los obispos y que la mayoría de católicos apoyan", afirmó a la BBC.
El doctor Jones reconoce que los obispos católicos consideran la ley como un serio problema, pero queda por ver si el la situación se mantiene confinada a un enfrentamiento entre la Conferencia de Obispos y el gobierno o si se extiende.
Algunos políticos ya están sacando partido del conflicto. En un comunicado por redes sociales, el aspirante a la candidatura presidencial republicana, Mitt Romney, acusó al presidente Obama de querer "imponer una visión secular a los estadounidenses".
Kristine Kalanges de la Universidad Americana coincide en que el gobierno "no ha sido el más amigable en términos de libertad religiosa".
"El verdadero shock se lo llevan los católicos que votaron por él en 2008 y que lo apoyaron por sus temas de justicia social y su promesa de que no los forzaría a ir contra sus principios", arguyó.
Concesión
Kalanges idica que el presidente ha otorgado una extensión de un año a las organizaciones religiosas para encontrar la manera de incluir la distribución de anticonceptivos dentro de la cobertura de sus asegurados con el propósito de prolongar el debate hasta después de las elecciones generales y para que el tema no perjudique sus planes de reelección.
Pero el gobierno ya está tomando medidas para calmar los ánimos. El principal asesor de la campaña de Obama, David Axelrod, dijo a una cadena de televisión estadounidense que había campo para hacer concesiones.
"Queremos garantizar el cuidado básico preventivo para las mujeres y respetar al mismo tiempo las prerrogativas de las instituciones religiosas", comentó a la cadena MSNBC.
Kristine Kalanges explica que ya hay un modelo implementado con éxito a nivel estatal para programas similares con un criterio más amplio que eximiría a las instituciones religiosas de ofrecer el plan anticonceptivo.
Pero Jon O'Brien de Catholics for Choice considera que esa concesión sería un grave error y sería la punta del iceberg en una larga lista concesiones.
"Bajo el pretexto de la libertad de culto quieren tener el derecho de discriminar contra las mujeres, contra los empleados homosexuales, contra los afectados con VIH y no adherirse a las mismas reglas que los demás", subrayó.
La ley entra en efecto en agosto de 2012 para la mayoría de empleadores, pero las instituciones religiosas pueden solicitar una extensión de un año.
Fuente: bbc.co.uk
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