Arturo Wallace
BBC Mundo, Bogotá
Un ambicioso experimento en control de armas empezó a practicarse este primero de febrero en la capital de Colombia, Bogotá.
Y detrás del mismo está un exguerrillero: el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro.
A partir de este miércoles y por tres meses esta ciudad de 7,3 millones de habitantes no permitirá la portación de armas de fuego por parte de civiles.
Y si la prohibición -de la que por el momento están excluidos militares y policías retirados, guardias de seguridad y miembros de clubes de caza y pesca- se traduce en una reducción significativa de la tasa de homicidios, la medida podría volverse permanente.
"Las personas que han comprado armas a las autoridades militares y tienen sus salvoconductos las pueden tener en las casas, en sus negocios. Lo que no pueden hacer es portarlas en sitios públicos, en las calles, en los automóviles", le explicó a BBC Mundo Antonio Navarro Wolf, secretario de Gobierno de Bogotá.
"Las estamos preservando de dos cosas: primero de que se vuelva un objetivo de los delincuentes para quitarle el arma, lo cual lo pone en riesgo; y segundo, que la use en un momento de ofuscación", dijo el exgobernador de Nariño, quien, como Petro, perteneció al movimiento guerrillero M-19 hasta su desmovilización en 1990.
Navarro le dijo a la BBC que no creía que los colombianos fueran más proclives a esos "momentos de ofuscación" que las personas de otras nacionalidades.
Pero los esfuerzos de Colombia por reducir su tasa de homicidios son especialmente relevantes si se toma en cuenta que según un estudio comparativo de la ONG Declaración de Ginebra, publicado a finales del año pasado, Colombia es el quinto país más violento del mundo, por detrás de El Salvador, Irak, Jamaica y Honduras.
Armas ilegales
La elevada tasa de homicidios en Colombia está, por supuesto, vinculada al conflicto armado que todavía continúa y a lo que el profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo describe como "un crimen organizado formidable".
Y los críticos de la medida impulsada por el alcalde Petro han hecho notar que en muy pocos de los homicidios cometidos con armas de fuego en la capital -en 1 de cada 10, según algunos estimados- se emplean armas que están legalmente registradas.
"Los malosos no le van a hacer caso a ninguna prohibición, así como no le hacen caso a ninguna ley", le dijo a BBC Mundo Campo Elías Jarquín, quien trabaja como guardia de seguridad.
Pero Navarro Wolf recuerda un viejo estudio que encontró que "un tercio de los homicidios de un período durante los años 90 fue producido con armas amparadas con salvoconductos".
"Y la verdad es que como el decomiso de armas comprometidas en homicidios es bajo, pues en la mayor parte de los homicidios el arma homicida no es encontrada, el homicida se la lleva, es difícil saber a ciencia cierta cuántas son legales y cuántas no".
"Lo que sabemos es que hay armas legales involucradas en homicidios, especialmente en riñas y en actos de intolerancia", le dijo a BBC Mundo.
"Y sabemos que hubo unos 1.600 homicidios el año pasado y de esos más o menos el 60% fueron por armas de fuego", agregó.
Efectividad
Para Javier Restrepo, la iniciativa del alcalde de Bogotá puede ayudar a reducir significativamente esas cifras, si se implementa adecuadamente.
"Debe estar acompañada de una implementación muy juiciosa en varios aspectos, en materia por ejemplo de control policivo, en materia de la oferta de seguridad pública, para que sus potenciales efectos positivos se realicen", le dijo a BBC Mundo.
Y las investigaciones del académico, quien también es director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, sugieren que prohibiciones como las que actualmente está vigente en Bogotá en realidad terminan afectando más a los criminales armados que a los ciudadanos respetuosos de la ley.
La lógica es simple: este tipo de medidas encarecen el costo de la portación de armas para ambos grupos, pero entre los portadores de armas los primeros -es decir, los criminales- son mucho más numerosos.
Y al analizar el impacto de una prohibición vigente en varios departamentos de Colombia entre noviembre de 2009 y enero de 2010 Restrepo encontró una reducción del 23% en el número de homicidios por arma de fuego y del 53% en el número de personas heridas de bala.
Porque, por más de que la polémica desatada por la iniciativa del alcalde Petro parezca sugerir lo contrario, en Colombia las restricciones a la portación de armas no son nada nuevo.
Prohibiciones parciales, vigentes en época festiva o durante los fines de semana, se han ordenado tanto en Bogotá como en otras ciudades colombianas.
Y, de hecho, la portación de armas está prohibida en la ciudad de Medellín y en todo el departamento de Antioquia hasta enero de 2013.
El tamaño de Bogotá, su importancia política, y el hecho de que Petro esté interesado en hacer que la medida sea permanente, sin embargo, fueron determinantes para que este fuera el caso que más llamara la atención y encendiera la polémica.
Y Restrepo también destaca el impacto simbólico que resulta del pasado guerrillero de Petro.
"Es políticamente muy valioso que un hombre que ya se ha desarmado le proponga a la sociedad que se desarme", concluyó.
Fuente: bbc.co.uk
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