Maru Morales
La suspensión de las elecciones es el nuevo modus operandi oficialista para interferir en la vida académica
La sombra del pensamiento único se cierne sobre las universidades autónomas. Actos vandálicos contra la comunidad y su infraestructura, sabotaje de los procesos electorales internos y dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia sin mencionar el drástico recorte presupuestario son algunos de los mecanismos utilizados.
"La estrategia del Gobierno en su intento de desmontar el Estado de Derecho democrático tiene varias fases: primero, descalificar a quienes piensan distinto; segundo, crear estructuras paralelas, y tercero, aprobar leyes que sustentan su accionar. Cuando nada de eso funciona, entonces recurre al TSJ porque se supone que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento", señaló el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte.
A su juicio, el máximo tribunal no actúa como el ente que imparte justicia con equidad, sino como el brazo jurídico del Ejecutivo para imponerle a las universidades dos cosas: un criterio de comunidad académica que se ajuste a un proyecto político y un mecanismo electoral que ofrezca las condiciones más favorables para los movimientos que respaldan ese proyecto.
Aunque admitió que históricamente los gobiernos han creado mecanismos de control de las universidades incluido el allanamiento de 1969 sostuvo que el objetivo no ha sido interferir en los resultados de las elecciones internas.
"Nunca hubo un proyecto político para la Universidad; ahora lo hay. Esa es la gran diferencia. El actual Gobierno quiere construir un aparato ideológico y hacer de las universidades la herramienta fundamental de ese aparato porque entiende que es vital para instaurar la hegemonía. Las universidades son un freno para ese proyecto", aseguró.
Brazo jurídico y armado
En la más reciente elección estudiantil de la UCV las dos planchas de oposición sumaron 11.449 votos, mientras que las cinco oficialistas obtuvieron 4.460. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, Víctor Ruz, considera que el temor del oficialismo de permitir las elecciones universitarias radica en esa diferencia.
Aunque las universidades tienen instancias competentes para resolver conflictos internos, como los consejos de escuela y de facultad, las comisiones electorales y el Consejo Universitario, los sectores estudiantiles identificados con el Gobierno acuden al TSJ para dirimir controversias.
"El TSJ no es un poder independiente, sino un apéndice del Ejecutivo que decide por mandato directo del Presidente. Es evidente que el Gobierno tiene un claro interés en hacer creer que los estudiantes lo respaldan, sobre todo a propósito de 2012, año electoral", dijo Ruz.
Advirtió que el Gobierno pretende moldear un concepto que se menciona sin mayores precisiones en la Ley de Educación Universitaria (consejos estudiantiles) para su beneficio. En su opinión, esas instancias serán la próxima arma que se utilizará contra la autonomía de las casas de estudio.
"Es una aberración que el Presidente pretenda hacer la ley de los consejos estudiantiles por la vía habilitante, porque además los quiere reforzar con las milicias estudiantiles: un brazo armado, y con recursos, dentro de la universidad para sembrar violencia, enfrentamiento y terror", señaló.
El ex secretario de reivindicaciones estudiantiles de la FCU-UCV Miguel Pizarro coincidió con Ruz. "Los consejos estudiantiles son un intento de eliminar las FCU y tratar de ganar por decreto lo que no ganan con votos. Las milicias estudiantiles vendrán a ponerle nombre a los grupos parapoliciales que actúan hace rato en nuestra casa de estudio para amedrentar y agredir", manifestó.
Belmonte indicó que la situación de las universidades autónomas es alarmante, pues no sólo están intervenidas económicamente, sino que también se intenta socavar su base pluralista. "Hay muchas formas de allanar una universidad y a veces hay maneras más sutiles de hacerlo que poner un tanque en la puerta, pero al mismo tiempo mucho más duras que un tanque en la puerta", dijo.
En suspenso. Las cinco universidades autónomas padecen la suspensión de sus procesos electorales por obra del TSJ.
La seguidilla de decisiones comenzó el 16 de mayo con las elecciones de decanos de la UCV fijadas para el 20 de ese mes. Cinco días después tocó el turno a los comicios en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Carabobo, ambos fijados para el 26 de mayo. El 12 de julio, luego de una reprogramación, le volvió a tocar a la ULA.
El 26 de octubre llegó el turno de LUZ. Fue la segunda medida de suspensión de elecciones estudiantiles para esa casa de estudio este año: la primera intervención en el proceso fue en mayo. El 8 de noviembre la Sala Electoral admitió un recurso contencioso contra los comicios del cogobierno estudiantil de la Universidad de Oriente, que se celebrarían el 9.
Las peticiones fueron presentadas por estudiantes, profesores o trabajadores y todas, menos una, fueron decididas por el máximo tribunal un día antes de la elección.
El último capítulo de esa serie podría escribirse esta semana. Para el 9 de diciembre están fijados los comicios de la Federación de Centros Universitarios y los centros de estudiantes de la UCV, contra los cuales fue solicitada una medida cautelar de suspensión, con el argumento de que el proceso debe incluir la elección de los consejos estudiantiles.
El proceso, inicialmente fijado para el 2 de diciembre, ha tenido tropiezos. El 15 de noviembre tres vehículos fueron incendiados frente a la Plaza del Rectorado y luego las autoridades de la Comisión Electoral fueron retenidas en la sede de La Floresta.
Perturbadores. La petición de los sectores que se oponen a las elecciones universitarias es recurrente: abrir la participación a toda la comunidad universitaria, aprobar la paridad del voto y crear los consejos estudiantiles, entre otras.
La rectora de la UDO, Milena Bravo, considera que el problema no radica en las peticiones en sí mismas, sino en la politización del asunto. Entiende que el peso de las universidades autónomas como formadoras de profesionales con múltiples visiones y opiniones es lo que al mismo tiempo enriquece la democracia y preocupa al Gobierno.
"El tema de las elecciones y de la elaboración de una ley se ha politizado en extremo. La ley vigente avala que las universidades se autorregulen y eso perturba los planes del Gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con la elaboración de nueva ley, pero debe surgir de las universidades, sus estudiantes, sus empleados, sus obreros, sus profesores y sus autoridades. Debe incluir por supuesto al ministerio, pero no puede nacer de un planteamiento unilateral desde el Ejecutivo", dijo Bravo.
En su opinión, al acudir al TSJ como instancia de resolución del conflicto buscan controlar la institución educativa.
"Los estudiantes son quienes calientan la calle y el Gobierno no ha podido controlarlos en 13 años, como sí lo hace en sus casas de estudio".
Explicó la diferencia entre enseñar a pensar y enseñar cómo y qué pensar: "En el pénsum de los estudiantes de Medicina Integral hay tres años de formación política obligatoria. En nuestras universidades hay pluralidad".
Fuente: el-nacional.com
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